Las negociaciones internas para la conformación de la máxima estructura directiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) volvieron a poner sobre la mesa la eterna tensión entre la conveniencia política y el costo ético de la gobernanza. En el reciente proceso de reestructuración, sonó con insistencia la intención de incluir al alcalde de Santo Domingo Este, Dioris (Dío) Astacio, dentro del selecto grupo de la Dirección Ejecutiva de la organización oficialista.
Sin embargo, las pretensiones de posicionar al funcionario municipal chocaron de frente con una realidad incómoda y jurídicamente delicada: la institución que hoy encabeza se encuentra bajo la lupa y la investigación activa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a raíz de irregularidades detectadas en procesos de compras y contrataciones públicas.
A esto se suma la vulnerabilidad de su perfil interno: lejos de ostentar un verdadero caudal político propio o un liderazgo orgánico, su capacidad de convocatoria ha sido fuertemente cuestionada. Sobre su gestión pesan constantes denuncias de coacción hacia los empleados de la alcaldía, quienes habrían sido obligados a asistir a eventos políticos los fines de semana bajo la amenaza implícita de perder sus puestos de trabajo. Esta asistencia forzada, lejos de traducirse en un respaldo real, evidencia una movilización basada en el temor institucional y no en la lealtad partidaria.
Para las cúpulas del partido de gobierno, el nombre de Astacio representaba un dilema insostenible. Promover a la cúpula partidaria a un actor cuya gestión actual está siendo escrutada por los órganos anticorrupción —y que acumula severos cuestionamientos por métodos clientelares de presión laboral— hubiese expuesto al PRM a duras críticas de la opinión pública, debilitando el relato de transparencia y renovación frente a los retos electorales venideros.
El caso deja en evidencia cómo las ambiciones de poder interno deben, inevitablemente, rendirse ante el rigor del control institucional y el costo reputacional.
La política no solo se mide en aspiraciones, sino en la capacidad de contener los pasivos cuando las sombras de la mala gestión, el amedrentamiento y las investigaciones judiciales amenazan con manchar la imagen del partido.
Elaborado sobre idea original y revisión de Fernando Buitrago
