En un grave caso de extralimitación de funciones que ha generado alarma en el sector transporte y entre la ciudadanía, la llamada Policía Municipal de la Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) está usurpando competencias exclusivas de instituciones del Estado central.
Estos agentes, que por ley tienen como función principal cuidar los espacios públicos municipales, preservar los bienes del ayuntamiento y hacer cumplir las ordenanzas locales, están realizando operativos que corresponden al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección General de Migración (DGM), a la Policía Nacional y al INTRANT.
¿Qué establece la ley?
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en sus artículos 173 y 174, define claramente el rol de la Policía Municipal: velar por el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales, cuidar los espacios públicos y proteger los bienes del ayuntamiento. No le otorga facultades para controlar migración, detener vehículos de transporte público ni ejercer funciones de policía nacional.
- La Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16 reserva a la Policía Nacional las competencias en materia de orden público, control migratorio y libre circulación.
- La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorga al INTRANT la rectoría nacional del transporte y al DIGESETT (de la Policía Nacional) la fiscalización operativa del tránsito y el transporte público.
- Las funciones migratorias corresponden exclusivamente a la Dirección General de Migración.
Denuncias documentadas
Según múltiples reportes, agentes de la Policía Municipal de SDE están:
- Requiriendo documentos migratorios a personas de nacionalidad haitiana (función exclusiva de Migración).
- Deteniendo e inmovilizando guaguas del transporte público, acción prohibida o estrictamente regulada por la Ley 63-17 y reservada a DIGESETT.
- Reteniendo los vehículos y a las personas en lugares desconocidos, sin informar su ubicación exacta.
La total falta de transparencia y desregulación de estos operativos abre paso a graves sospechas de corrupción. No existe ningún procedimiento público ni protocolizado que explique:
- Dónde exactamente son llevadas las guaguas y las personas detenidas.
- Cuáles son los pasos legales para su liberación.
- Si es necesario realizar algún tipo de pago para recuperar la guagua o para liberar a las personas detenidas.
Esta opacidad genera fuertes sospechas de que se estarían produciendo cobros irregulares tanto para liberar a los ciudadanos haitianos como para devolver las guaguas a sus propietarios.
Riesgo de poder paralelo
Esta usurpación sistemática de funciones estatales por parte de un cuerpo municipal crea un peligroso precedente de poder paralelo. En lugar de limitarse a cuidar los espacios públicos —su verdadero mandato legal—, estos agentes estarían actuando como una fuerza de orden pública paralela, violando la división constitucional de competencias entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Las autoridades nacionales (Ministerio de Interior y Policía, INTRANT, Procuraduría General y Contraloría) tienen la obligación de intervenir de inmediato, investigar estas extralimitaciones y restablecer el orden jurídico.
Preguntas que exigen respuesta urgente:
- ¿Dónde están las guaguas retenidas?
- ¿Bajo qué base legal actúa la Policía Municipal?
- ¿Existe algún procedimiento oficial o se está operando en total opacidad?
- ¿Se están exigiendo pagos para liberar personas y vehículos?
República Dominicana necesita instituciones que respeten la ley, no poderes locales que actúen al margen de ella.
La Policía Municipal debe volver a su rol: cuidar los espacios públicos, no usurpar las funciones del Estado ni generar sospechas de corrupción por falta de transparencia.
Es hora de que las autoridades pongan fin a estos abusos.
