Bajo el sugestivo título «Presuntas Irregularidades en Primaria PRM Despiertan Sospechas sobre Actuación de Jueza», se profundiza en las sospechas acerca de la actuación de la magistrada en la primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este. Se sugiere que la magistrada podría haber desempeñado un papel crucial en la manipulación de los resultados, y se apunta a la colocación estratégica de personal en los recintos de votación como un medio para alterar el voto militante, generando así resultados fraudulentos que ponen en entredicho la legitimidad del candidato actual.
Estas acusaciones cobran relevancia en el contexto de las declaraciones contundentes del presidente del partido, Adan Peguero, quien afirmó que «Lo Mucho hasta Dios lo Ve». Asimismo, el alcalde Manuel Jiménez se pronunció en contra de los resultados, argumentando que, dada la complejidad de los acontecimientos y la extracción de las urnas del municipio, se tomó la decisión de no impugnar los resultados.
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El escenario se complica aún más al considerar que las acusaciones de presunto fraude implican al personal del órgano rector, en este caso, la Junta Central Electoral a nivel municipal. La sospecha de la participación directa de la magistrada en la manipulación de los resultados señala una posible connivencia entre actores judiciales y el órgano electoral local. Esto, por ende, no solo cuestiona la integridad del proceso sino también la imparcialidad y eficacia de la Junta Central Electoral en su papel de garante de elecciones justas y transparentes.
Resulta llamativo y preocupante el silencio actual del Partido la Fuerza del Pueblo, que, a pesar de conocer estas presuntas irregularidades desde hace varias semanas, no ha presentado recusación alguna contra la magistrada. Esta postura del partido agrega un elemento de incertidumbre y desconfianza en el sistema, planteando preguntas sobre su posible implicación o complacencia ante la situación, lo que, en última instancia, erosiona la confianza pública en el proceso electoral y sus resultados.
En medio de las acusaciones de presunto fraude en la primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, la situación adquiere aún más complejidad al considerar el papel de la Junta Central Electoral (JCE), que, paradójicamente, no llevó a cabo una investigación exhaustiva tras la suspensión de las elecciones municipales del 2020. Este antecedente genera dudas sobre la capacidad de la JCE para abordar y esclarecer eventos irregulares en el ámbito municipal.
En este contexto, surge la necesidad de una limpieza integral de la Junta Municipal en Santo Domingo Este, ya que existe una preocupación latente acerca de la posible contaminación de todos aquellos que ocupan responsabilidades dentro de la institución. La ausencia de una investigación rigurosa después de los eventos del 2020 ha dejado un vacío de confianza en la capacidad de la Junta Central Electoral para garantizar la transparencia y la legitimidad en el proceso electoral a nivel local.
El llamado a la limpieza completa de la Junta Municipal se fundamenta en la premisa de que la presunta manipulación de resultados en la primaria podría estar arraigada en estructuras más amplias de la entidad electoral local. Este paso no solo sería un acto de justicia para esclarecer los hechos actuales, sino también una medida preventiva para salvaguardar la integridad de futuros procesos electorales en la región.
La falta de acción de la Junta Central Electoral frente a situaciones previas y la actual controversia plantean la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de las instituciones electorales. Solo a través de una investigación transparente y la implementación de medidas correctivas, incluida la posible renovación de personal en la Junta Municipal, se podrán restaurar la confianza y la legitimidad en el proceso electoral a nivel local.
