En el complejo escenario político de la República Dominicana, el tema del financiamiento adecuado para las municipalidades se ha vuelto un dilema constante. Aunque la ley prescribe que el 10% del presupuesto nacional debe destinarse a las alcaldías, la realidad presupuestaria pinta un panorama diferente. La asignación real, lejos de alcanzar dicho porcentaje, apenas llega al 3%, dejando a los municipios en una posición precaria para atender las demandas y necesidades locales.
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