De la mofa electoral a la realidad institucional: el puente de Cancino Adentro-Tamarindo y las promesas de Dío Astacio
En Cancino Adentro y El Tamarindo, en Santo Domingo Este, cientos de personas —estudiantes, trabajadores, profesores y vecinos— cruzan a diario un tramo del río Ozama o una cañada asociada de manera precaria: sobre troncos de palma improvisados o en yolas que cobran 25 o 50 pesos. Las estructuras provisionales que los propios comunitarios levantan se las llevan las crecidas. La obra permanente que reclaman lleva años (en algunos relatos, más de una década o dos) sin concretarse, a pesar de cimientos inconclusos de gestiones anteriores.
Durante la campaña y en los primeros tiempos de su gestión, el alcalde Dío Astacio se comprometió con esa obra. Residentes recuerdan que habló de un presupuesto cercano a los dos millones de pesos y, en versiones de vecinos, incluso de cifras menores para “darle terminación”. Se presentó como quien venía a resolver lo que otros no habían hecho, con el tono de facilidad que caracteriza muchas promesas de campaña. Hoy, tras reiteradas denuncias mediáticas y un cacerolazo convocado por la comunidad, el discurso cambió: reconoció que “los puentes, como todo, son un proceso que tiene que ver con licitaciones, estudios y demás”, y garantizó que la Alcaldía lo ejecutará antes de concluir su primer período (2024-2028). Al mismo tiempo, la comunidad y hasta una resolución en la Cámara de Diputados apuntan al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como actor necesario o principal.
Ahí está el punto central. En campaña se alardeó de una solución sencilla y barata, sin evidenciar dominio de los marcos legales, presupuestarios y competenciales que rigen las obras públicas en República Dominicana. Las alcaldías no operan en el vacío: deben cumplir la Ley de Compras y Contrataciones, realizar estudios técnicos, respetar competencias concurrentes o exclusivas del MOPC en ciertas infraestructuras mayores, y moverse dentro de presupuestos municipales limitados y fiscalizados. Prometer “fácil y con dos millones” sin contabilizar licitaciones, diseños hidráulicos resistentes a crecidas, permisos ambientales y roles institucionales no es solo optimismo; es desconocimiento o desprecio de las reglas del juego democrático.
Cuando el alcalde llega ahora a señalar procesos formales o a derivar responsabilidades hacia Obras Públicas, no está descubriendo América: está enfrentando la realidad que cualquier funcionario juramentado debería conocer de antemano. El juramento de cumplir la Constitución y las leyes no es decorativo. Interpretar como “peso” o molestia el hecho de tener que seguir procedimientos (en lugar de asignar “grado a grado” a quienes “caen bien”) revela una visión personalista de la administración pública que choca con el Estado de derecho. La meritocracia y la legalidad no son obstáculos burocráticos molestos; son garantías mínimas contra el clientelismo y la arbitrariedad.
La pregunta que queda flotando es simple y contundente: ¿se prometieron obras sin saber —o sin importar— que en República Dominicana todo se hace según lo que las leyes digan? Las comunidades de Cancino Adentro y El Tamarindo no necesitan más discursos de facilidad ni más promesas diferidas al final del período. Necesitan un puente seguro, diseñado y construido conforme a las normas, con responsabilidades claras entre Alcaldía y MOPC, y con plazos reales. La diferencia entre alardear en campaña y gobernar con conocimiento de causa no es un detalle técnico: es la diferencia entre demagogia y administración pública seria.
