En un instante de franqueza inusual, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha lanzado un grito que puede verse como señal de preocupación, impotencia o desesperación; el sistema de justicia en nuestro país ha colapsado.
Esta declaración no es solo un lamento solitario; es un diagnóstico crudo de una crisis que ha captado la atención de muy pocos sectores, solo vemos manifestaciones de la clase jurídica, que ve de cerca el caos diario en los tribunales.
Sin embargo, lo que resulta más alarmante es el silencio de otros actores clave: el sector empresarial y político.
Pareciera que, para ellos, este derrumbe es un problema ajeno, como si sus esferas de poder y riqueza los blindaran de las consecuencias. Pero se equivocan rotundamente: un sistema judicial en ruinas no discrimina; tarde o temprano, toca a todos.
Los empresarios piensan que no serán «tocados» por este colapso. ¿Acaso creen que sus contratos, disputas comerciales o incluso sus propios derechos estarán a salvo en un aparato judicial sobrecargado y disfuncional?
Del mismo modo, los políticos, ocupados en sus denuncias y campañas, actúan como si el tema no les incumbiera. Olvidan que la justicia es el cimiento de la democracia; sin ella, la corrupción florece, la impunidad se consolida y la confianza pública se evapora.
Este desinterés no es solo miope; es irresponsable. Mientras los juristas debaten con preocupación, estos sectores permanecen mudos, como si el problema se resolviera por arte de magia.
Pero este colapso no es un accidente fortuito; tiene responsables claros y directos.
Lamentablemente, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, debería ser el primero en hacer un mea culpa.
Reflexionamos soluciones en foros y artículos como este, pero a la hora de la verdad, nadie cede terreno.
Los fiscales, en particular, son culpables de agravar la crisis; en lugar de promover acuerdos conciliatorios que descongestionen los tribunales, optan por judicializar todo conflicto imaginable.
Y no contentos con eso, insisten en medidas extremas como la prisión preventiva por nimiedades absurdas: peleas entre vecinos, heridas curables en menos de 10 días, estafas de poca monta. ¡Por todo, cárcel!
Esta obsesión punitiva no sólo viola principios básicos de proporcionalidad, sino que satura las prisiones y el hacinamiento, convirtiendo el sistema en un embudo interminable.
Peor aún, los jueces no actúan como contrapeso; al contrario, contribuyen al caos. Tienen la facultad de declarar «No ha lugar» en casos sin méritos, pero en el 90% de las ocasiones, emiten autos de apertura a juicio solo para «quedar bien» con el Ministerio Público.
Envían acusaciones a juicio de fondo sin pruebas sólidas, ignorando el debido proceso y acelerando el derrumbe.
En un caso reciente del cual estuve en la barra de la defensa, un altercado entre “cuñados” una herida curable en 10 días, prisión preventiva, el cuñado retira la querella y a pesar de ser una “Acción Pública a instancia privada” la Jueza de la Instrucción sorprende con un “Auto de apertura a juicio”
¿Quién es entonces que está colapsando el sistema?
Otro caso que está en audiencia preliminar, una pelea entre dos hermanos, no hay heridos ni golpes, solo amenazas, los 12 hermanos se reúnen, buscan la conciliación, pero un juez envía a uno de sus hermanos a la cárcel de Najayo, ellos quieren conciliación, pero el sistema les dice que la enemistad debe continuar.
La pregunta inevitable es, ¿quién ha hecho colapsar el sistema? En gran medida, jueces y fiscales, han creado un ciclo vicioso de sobrecarga y arbitrariedad.
No es un secreto que esta alianza implícita prioriza el «castigo» sobre la justicia eficiente, ignorando que un sistema colapsado beneficia a nadie, ni siquiera a ellos mismos a largo plazo.
La solución no requiere revoluciones ni reformas constitucionales; comienza con un paso simple y concreto, una reunión urgente entre la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.
Y de esa reunión deben salir sendas circulares a fiscales y jueces sobre la implementación real de las soluciones alternas, menos prisión preventiva, más juicio penal abreviado, más principio de oportunidad, más suspensión condicional del procedimiento.
En ese espacio, se podría establecer protocolos claros para fomentar acuerdos, limitar el abuso de la prisión preventiva y asegurar que sólo los casos con méritos reales avancen a juicio.
Hacen falta acciones, no solo gritos desesperados.
Es necesario que todos los sectores, empresarial, político, social, universitario, gremial, etc, salgan de su letargo; hay que levantar la voz y exigir una mejor justicia.
Porque si el sistema de justicia cae, el país entero se tambalea.
Este no es un problema exclusivo de abogados, jueces y fiscales; es una amenaza para nuestra sociedad, por eso ignorarlo hoy es condenarnos a un mañana de caos.
