El artículo de opinión de Plinio Llaverías es un reclamo directo y contundente contra lo que percibe como un fracaso grave en la gestión municipal de Santo Domingo Este, particularmente en materia de seguridad ciudadana. Llaverías, quien fue designado coordinador de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género durante la administración del alcalde Manuel Jiménez (al menos hasta 2024-2025, según reportes públicos), critica con dureza la «incompetencia» de la Dirección Municipal y la desconexión entre el Palacio Municipal y las autoridades policiales/migratorias. Usa el reciente incidente en Los Minas Norte —el asesinato de un adolescente dominicano (Nauriel Misael Medina, de 14 años) presuntamente a manos de nacionales haitianos, seguido de un operativo masivo de la Dirección General de Migración que detuvo a 454 personas indocumentadas— como ejemplo paradigmático de cómo la ausencia de coordinación efectiva ha permitido que la inseguridad escale hasta requerir intervenciones externas drásticas.
Desde una perspectiva crítica, el texto tiene fuerza en su denuncia de la falta de voluntad política y coordinación interinstitucional, algo que muchos residentes de sectores vulnerables como Los Minas comparten en redes y protestas recientes. Es válido señalar que la seguridad no puede tratarse como un tema aislado: requiere mesas de trabajo activas, recursos municipales comprometidos y una alianza real entre el ayuntamiento, la Policía Nacional y otras entidades. Sin embargo, el tono del artículo resulta altamente polarizado y acusatorio, al calificar la inacción como «traición al mandato ciudadano» y «abandono institucional». Esto podría interpretarse como una crítica interna desde alguien que conoce (o conoció) de cerca el funcionamiento de esa misma Mesa de Seguridad que ahora tilda de fracasada, lo que añade un matiz de frustración personal o política. En un contexto donde la migración irregular y la delincuencia asociada generan tensiones sociales altas en la zona, el artículo amplifica el malestar ciudadano, pero corre el riesgo de simplificar un problema complejo —que involucra factores nacionales como políticas migratorias, pobreza y capacidad institucional— reduciéndolo casi exclusivamente a fallas municipales.
En resumen, Llaverías acierta al exigir mayor compromiso y coordinación del gobierno local, ya que la ciudadanía de Santo Domingo Este merece respuestas concretas ante la inseguridad que afecta su vida diaria. No obstante, el artículo peca de alarmismo y falta de propuestas constructivas más allá de la condena general; podría haber ganado más peso si incluyera sugerencias específicas para reactivar o reformar la Mesa de Seguridad en lugar de limitarse a declarar su fracaso. En un momento de alta sensibilidad social tras el trágico homicidio y el operativo subsiguiente, este tipo de opiniones contribuyen al debate público, pero también alimentan la polarización si no se equilibran con un llamado más propositivo al diálogo y la acción conjunta. La seguridad es un derecho, y el municipio no puede seguir evadiendo su rol coordinador.
