Un político que busque transformar un país debe abordar los problemas estructurales de frente, sin postergarlos ni ceder ante intereses que perpetúan el desorden. Esto requiere identificar las causas profundas de los males sociales, desafiar sistemas corruptos y actuar con decisión, incluso cuando ello implica enfrentarse a redes poderosas. En este contexto, Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), ha tomado pasos concretos al abordar el fraude telefónico, un problema complejo que involucra mafias históricas y dinámicas que, aunque benefician económicamente a ciertos sectores de las telecomunicaciones, perjudican gravemente a la población.
La Obligación de Atacar las Causas Profundas
Los problemas estructurales, como la delincuencia organizada o el mal uso de recursos públicos, no se resuelven con medidas cosméticas. Un político efectivo debe analizar el origen de estas cuestiones y actuar sin evasivas, asumiendo los riesgos de confrontar a quienes se benefician del caos. En el caso del fraude telefónico en la República Dominicana, este no es un fenómeno aislado, sino un sistema donde las mafias aprovechan vacíos regulatorios y, en algunos casos, la complicidad de actores dentro del sector de telecomunicaciones. Estas redes generan ganancias a través de actividades ilícitas, como extorsiones y estafas, mientras la población sufre como víctima.
El Fraude Telefónico: Un Negocio Lucrativo para las Mafias
El fraude telefónico, especialmente desde cárceles, revela una red organizada que explota la falta de controles estrictos. Según declaraciones de Gómez Mazara en el programa *Telediario* en enero de 2025, el 90% de las llamadas fraudulentas provienen de centros penitenciarios, muchas realizadas con teléfonos robados. Este problema no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también beneficia a ciertos actores del sector de telecomunicaciones, ya que el volumen de líneas activas, legales o no, genera ingresos a través de la venta de chips y servicios. Sin embargo, este lucro económico tiene un costo social alto: ciudadanos extorsionados, confianza erosionada y un sistema penitenciario incapaz de controlar las comunicaciones ilícitas.
Las mafias históricas que operan estas redes han encontrado en el anonimato de los chips telefónicos un terreno fértil. La falta de verificación estricta de los propietarios de las líneas ha permitido que delincuentes utilicen dispositivos móviles para coordinar crímenes, desde estafas hasta actividades más graves. Este escenario evidencia cómo los intereses económicos de algunos sectores pueden chocar con el bienestar colectivo, un desafío que exige acción decidida.
La Respuesta de Gómez Mazara: Verificación y Bloqueo de Señales
Guido Gómez Mazara ha abordado este problema con medidas concretas. Una de sus iniciativas clave es la verificación de la identidad de los dueños de chips telefónicos, un paso para reducir el anonimato que facilita el fraude. Esta medida apunta a desmantelar la infraestructura que permite a las mafias operar con impunidad, al garantizar que cada línea esté registrada a una persona traceable. Aunque esta acción no elimina el problema por completo, es un esfuerzo por cerrar una brecha crítica en el sistema.
Además, Gómez Mazara ha impulsado la instalación de bloqueadores de señal en cárceles como La 15 de Azua, Rafey en Santiago, Anamuya en Higüey y El Pinito en La Vega, con una inversión de 300 millones de pesos en colaboración con la Procuraduría General de la República. Esta medida busca interrumpir las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios, un paso técnico que ataca directamente una de las principales fuentes del problema. Sin embargo, su implementación enfrenta retos logísticos y posibles resistencias, dado que el negocio de los teléfonos en cárceles involucra redes internas y externas que se benefician del statu quo.
Un Llamado a la Acción Sin Temor
La labor de Gómez Mazara ilustra lo que un político debe hacer para enfrentar los problemas de raíz: identificar el origen del mal, diseñar soluciones estructurales y actuar sin ceder a presiones. El fraude telefónico no es solo un asunto técnico; es un reflejo de fallos sistémicos que requieren voluntad política para desmantelar redes de interés que, aunque lucrativas para algunos, dañan a la sociedad. Su enfoque, aunque no exento de obstáculos, muestra que los avances son posibles cuando se prioriza el interés colectivo sobre el beneficio de unos pocos.
Para que un país progrese, los políticos deben asumir esta responsabilidad: no dejar problemas pendientes, enfrentar las mafias y los intereses que las sustentan, y trabajar por un sistema más transparente y justo. El caso del fraude telefónico en la República Dominicana es un recordatorio de que los desafíos complejos requieren soluciones integrales y, sobre todo, líderes dispuestos a actuar con determinación.
