Dío Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, ha generado controversia al impulsar acciones legales contra comunicadores y periodistas que denuncian irregularidades en su gestión. Según datos oficiales, la alcaldía registra un 0% en transparencia, lo que alimenta las sospechas sobre la falta de fiscalización y las múltiples denuncias que hoy inundan los medios de comunicación. Esta situación plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de los sometimientos judiciales, especialmente contra una sola persona, en un contexto donde las críticas provienen de diversos sectores, incluidos diputados que han cuestionado la rendición de cuentas presentada por Astacio.
Un caso emblemático es el del comunicador Fernando Buitrago, quien recibió un acto de intimación en su domicilio por parte de un abogado de Astacio, exigiendo que cese de mencionar al alcalde. Este hecho, reportado el 18 de septiembre de 2024, ha sido interpretado como un intento de silenciar a quienes ejercen un periodismo crítico. La acción ha generado rechazo, considerando que Buitrago cuenta con el respaldo de numerosos comunicadores en el municipio, quienes ven en este sometimiento un ataque al ejercicio periodístico responsable.
La pregunta central es: ¿por qué perseguir judicialmente a un comunicador cuando las denuncias sobre la gestión de Astacio son generalizadas? Medios de comunicación, ciudadanos y hasta la Fuerza del Pueblo, liderada por figuras como Rafael Castillo, han cuestionado los números presentados en la rendición de cuentas del 24 de abril de 2025, prometiendo evaluaciones detalladas basadas en datos verificables. Además, se han reportado irregularidades como el despilfarro de fondos en fiestas y auditorías presuntamente ilegales, mientras exempleados del PRM reclaman prestaciones laborales impagas.
Someter a un comunicador en este contexto podría interpretarse como un intento de “dar una lección” y disuadir a otros de fiscalizar. Sin embargo, esta estrategia parece contraproducente. La prensa, descrita como el “cuarto poder”, ha reaccionado con solidaridad hacia Buitrago, advirtiendo que tales acciones solo fortalecen la percepción de una gestión opaca y autoritaria. Además, la falta de fiscalización por parte de los regidores, quienes no han abordado con rigor las irregularidades señaladas, agrava el panorama. En lugar de responder con transparencia, el sometimiento a un comunicador parece una “metida de pata garrafal” que expone aún más las debilidades de la administración.
La persecución judicial a quienes denuncian no solo pone en riesgo la libertad de prensa, sino que también refuerza las sospechas sobre la veracidad de las acusaciones contra la alcaldía. En un municipio que clama por orden y transparencia, como prometió Astacio, estas acciones podrían consolidar una imagen de intolerancia y opacidad, alejada de los principios democráticos que debería defender un alcalde.
