Santo Domingo Este, el municipio más poblado de la República Dominicana, está siendo sometido a un experimento costoso y opaco: el intento del alcalde Dío Astacio de renombrarlo con un término que suena más a campaña publicitaria que a identidad histórica.
La imposición de este nuevo nombre, presentado como una “marca ciudad”, no solo implica un derroche millonario en vallas, uniformes y eventos, sino que ahora cruza una línea aún más grave: la invasión de áreas verdes protegidas con publicidad, convirtiendo a la propia alcaldía en violadora de las normativas ambientales que debería defender.
¿Cuánto le cuesta este capricho a los munícipes? Y más importante, ¿cómo justifica la alcaldía este atentado contra el patrimonio natural y la transparencia?
Un asalto a las áreas verdes
La proliferación de vallas publicitarias promoviendo el nuevo nombre ha llegado a un punto crítico: se están instalando en áreas verdes protegidas, espacios que, según la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, deben preservarse como pulmones ecológicos del municipio.
Estas zonas, vitales para mitigar el impacto ambiental en una ciudad ya saturada de concreto, están siendo invadidas por estructuras que no solo carecen de permisos claros, sino que contradicen las propias promesas de la alcaldía de fomentar la sostenibilidad. Por ejemplo, áreas cercanas a parques y corredores ecológicos, como las márgenes de avenidas próximas a Los Tres Ojos, han sido ocupadas por vallas que promueven el lema “Gente que Brilla”, en un acto que roza lo cínico.
El costo de estas vallas es tan exorbitante como opaco. En el mercado publicitario dominicano, una valla en una avenida principal puede costar entre RD$30,000 y RD$80,000 mensuales, dependiendo de su ubicación y tamaño.
Con decenas de estas estructuras diseminadas por Santo Domingo Este, el gasto mensual podría superar los RD$2 millones, sin contar los costos de producción, instalación y mantenimiento. A esto se suman uniformes con el nuevo logo, papelería oficial y eventos como el Desfile Cultural de 2025, que atrajo a miles pero cuyo financiamiento permanece en la sombra.
La falta de un informe público sobre estos gastos es un insulto a los ciudadanos que pagan impuestos y esperan una gestión responsable.
Una “marca ciudad” sin sustento ni participación
La justificación de Astacio para este cambio de nombre es que busca posicionar a Santo Domingo Este como un destino turístico y de inversión. Sin embargo, no existe un estudio público que demuestre cómo este rebranding generará beneficios concretos. El Faro a Colón, que parece inspirar el nombre, tiene un valor histórico, pero su impacto turístico es limitado, y nada indica que un cambio de nombre lo potenciará. Ciudades que han logrado un rebranding exitoso, como Bogotá o Medellín, lo han hecho con inversiones en infraestructura, seguridad y participación ciudadana, no con vallas invasivas ni campañas vacías.
Peor aún, la imposición del nombre ignora la identidad de un municipio que lleva con orgullo el nombre de Santo Domingo Este, vinculado a la historia fundacional de la nación. La falta de consultas públicas, como han denunciado exregidores como Juana Guerrero y Daneris Santana, evidencia un desprecio por la voz de los munícipes. La campaña, con su lema y su despliegue publicitario, parece más un vehículo para la proyección personal del alcalde que un proyecto para el bien común.
Violando lo que se debe proteger
La ironía es lacerante: mientras la alcaldía promueve iniciativas como “La Basura Tiene Días” para mejorar la limpieza, permite que sus vallas invadan áreas verdes, violando la normativa ambiental que prohíbe construcciones o estructuras en zonas protegidas. Este doble estándar convierte a la administración de Astacio en cómplice de un daño ecológico que ella misma debería prevenir. En un municipio donde la basura se acumula en muchos sectores y los servicios básicos como el alcantarillado y el alumbrado público son deficientes, el gasto en publicidad invasiva es una bofetada a las prioridades reales.
La ocupación de áreas verdes no solo es un atentado ambiental, sino un símbolo de la arrogancia de una gestión que actúa como si estuviera por encima de la ley.
¿Dónde están los permisos ambientales para estas vallas?
¿Quién autorizó su instalación en zonas protegidas?
La opacidad de la alcaldía en este asunto refuerza la percepción de que el cambio de nombre es un capricho personal, financiado con recursos públicos y ejecutado sin respeto por las regulaciones ni por los ciudadanos.
Un llamado urgente a la rendición de cuentas
Santo Domingo Este no puede seguir siendo rehén de una campaña que despilfarra millones mientras pisotea su identidad y su patrimonio natural. Los munícipes merecen respuestas claras:
¿cuánto se ha gastado en vallas, uniformes y eventos?
¿Qué impacto económico o social se espera de esta “marca ciudad”?
¿Por qué se permite la invasión de áreas verdes en violación de la ley?
La alcaldía debe publicar un informe detallado de los costos y retirar de inmediato las vallas instaladas en zonas protegidas.
El cambio de nombre, lejos de ser una solución, es un problema que agrava la desconexión entre el alcalde y los ciudadanos. En lugar de inundar el municipio con publicidad, Astacio debería invertir en asfaltar calles, mejorar la recolección de basura y proteger las áreas verdes que dan vida a la ciudad. Santo Domingo Este no necesita un nombre nuevo; necesita una gestión transparente, responsable y comprometida con las verdaderas necesidades de su gente. De lo contrario, el legado de este alcalde será recordado no por su “gente que brilla”, sino por un derroche opaco que oscureció el futuro de la ciudad.
creado por Multimedios LZO, la Agencia de Prensa, según texto de Fernando Buitrago
