Recientemente, han circulado señalamientos malintencionados contra el Dr. Aguilera, funcionario del Gobierno Dominicano, con el propósito de dañar su reputación y cuestionar su integridad. Estas acusaciones, que carecen de fundamento y evidencia, sugieren supuestos conflictos de interés relacionados con su familia y el Centro Económico del Cibao, así como irregularidades en la gestión de la refinería. A continuación, se desmienten estas afirmaciones con hechos verificables:
Ausencia de conflicto de interés con el Centro Económico del Cibao:
El Dr. Aguilera se desvinculó del Centro Económico del Cibao en agosto de 2020, antes de asumir su cargo en la refinería, precisamente para evitar cualquier percepción de conflicto de interés. Por lo tanto, cualquier contratación realizada por dicha entidad después de esa fecha no tiene relación alguna con el Dr. Aguilera. La última licitación en la que el Centro Económico del Cibao participó y resultó beneficiario fue en diciembre de 2021, hace casi cuatro años, y se limitó a una colocación publicitaria, un proceso completamente ajeno a las responsabilidades del Dr. Aguilera.
Actividad profesional legítima de sus familiares:
Los parientes del Dr. Aguilera que se dedican a la construcción y el asfaltado llevan años en esta actividad, mucho antes de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumiera el gobierno. Es injusto y arbitrario exigir que abandonen su medio de vida solo porque un familiar ocupa un cargo público. Siempre que cumplan con las normativas de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, su participación en licitaciones es legítima y no constituye ninguna irregularidad. No se ha presentado evidencia de que estas empresas hayan violado dichas normas.
Operaciones transparentes en la refinería:
Las acusaciones sobre supuestas maniobras para no pagar productos de la refinería carecen de sustento. La refinería, cuyo principal cliente es el Ministerio de Obras Públicas desde hace 30 años, opera bajo un consejo de administración que garantiza la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones. La importación y comercialización de asfalto se asumieron para satisfacer la demanda del sector público a precios competitivos, evitando los sobrecostos que generaban intermediarios en el pasado. Los controles internos hacen prácticamente imposible la extracción de productos sin el correspondiente registro y pago, y no se ha demostrado que la refinería venda a particulares de manera irregular.
Falta de pruebas en las acusaciones:
Las afirmaciones sobre supuestos “trucos” o favoritismos carecen de documentación o evidencia concreta. En un contexto donde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República investigan activamente cualquier irregularidad en licitaciones públicas, como se ha visto en casos recientes con otras entidades, no existe ningún informe oficial que vincule al Dr. Aguilera o a sus familiares con prácticas indebidas.
Esta campaña de difamación contra el Dr. Aguilera parece diseñada para desacreditar su gestión sin pruebas sólidas, utilizando insinuaciones que no resisten un análisis objetivo.
Su desvinculación oportuna del Centro Económico del Cibao, la trayectoria profesional legítima de sus familiares y los estrictos controles en la refinería desmienten categóricamente las acusaciones.
¿Quién está detrás de esta campaña evidentemente mal intencionada?
En momentos donde se analizan por parte de los organismos pertinentes los casos de chantaje, acoso, difamación, extorsión contra funcionarios, este caso no debería quedar sin ser investigado.
