Santo Domingo, República Dominicana – 12 de noviembre de 2025. En un llamado contundente a la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa, el diputado por la provincia de Santo Domingo, Rafael Castillo, ha elevado su voz contra lo que califica como una flagrante violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. A través de un mensaje público dirigido a la ciudadanía, Castillo denuncia que el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, no ha remitido aún al Concejo de Regidores el proyecto de presupuesto municipal para el año 2026, incumpliendo el plazo establecido en la legislación.
«La ley es para cumplirla y es parte esencial para la transparencia», enfatiza Castillo en su denuncia, publicada en redes sociales y dirigida específicamente al perfil oficial del alcalde (@dioastacio) y a la cuenta de las Alcaldías del país (@Alcaldiasde_). El legislador, representante de la Fuerza del Pueblo y conocido por su defensa de la accountability en la gestión pública, señala que «a esta fecha (12/11/25)», es decir, más de un mes después del límite legal, el documento presupuestario sigue sin ser presentado. Esta omisión, según Castillo, contraviene directamente el Artículo 323, acápite IV, de la Ley 176-07, que obliga al alcalde a enviar el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal «no más tarde del primero (1ro) de octubre de cada año».
El Marco Legal: ¿Qué Dice la Ley 176-07?
La Ley 176-07, promulgada en 2007 para regular la organización y funcionamiento de los municipios en República Dominicana, establece un marco claro para garantizar la planificación financiera y la participación ciudadana en la gestión local. El Artículo 323 detalla las competencias del alcalde en materia presupuestaria, y su acápite IV es explícito: el proyecto de presupuesto anual debe ser remitido al Concejo de Regidores antes del 1 de octubre, permitiendo así un período de revisión, debate y aprobación antes del cierre del año fiscal. Este plazo no es arbitrario; busca evitar improvisaciones y asegurar que los recursos municipales se alineen con las necesidades reales de la población, promoviendo la rendición de cuentas.
El incumplimiento de esta disposición no solo representa una irregularidad administrativa, sino que podría derivar en sanciones, como lo prevé el mismo articulado, y afecta directamente la ejecución de obras y servicios públicos en el municipio. En el contexto de Santo Domingo Este –el municipio más poblado del país, con más de 700 mil habitantes–, esta demora podría paralizar iniciativas clave, como el manejo de residuos sólidos, el mantenimiento de vías y la inversión en educación y salud, en un año donde las expectativas de desarrollo son altas.
El Contexto de la Gestión de Dío Astacio en Santo Domingo Este
Dío Astacio, pastor evangélico y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), asumió la alcaldía de Santo Domingo Este en abril de 2024 con un discurso centrado en la transformación urbana y la «escucha activa» a la ciudadanía. Desde entonces, ha anunciado planes ambiciosos: desde la construcción de 14,580 metros lineales de aceras y contenes, hasta la instalación de cinco mini-alcaldías y la restauración de monumentos turísticos. Recientemente, el 5 de noviembre de 2025, Astacio lanzó el Presupuesto Participativo 2026, que destina RD$300 millones a más de 100 obras comunitarias, destacando su compromiso con la «participación ciudadana» y el «consenso» en la asignación de recursos.
Sin embargo, la denuncia de Castillo pone en tela de juicio esta narrativa de transparencia. Mientras el Presupuesto Participativo avanza –un mecanismo que permite a los munícipes proponer y priorizar obras–, el proyecto integral de presupuesto municipal sigue ausente del radar del Concejo. Fuentes municipales consultadas indican que, aunque se han realizado mesas de trabajo con líderes comunitarios, no hay evidencia pública de que el documento completo haya sido enviado al órgano legislativo local. Esta discrepancia genera interrogantes: ¿Cómo se financiará el ambicioso plan de Astacio sin un presupuesto aprobado? ¿Es esta demora un descuido administrativo o parte de una estrategia para centralizar decisiones?
El alcalde ha defendido en ocasiones pasadas su gestión, afirmando que el Gobierno central sí transfiere el 10% de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, como lo establece la Ley 166-03, y que la coordinación es clave para ejecutar proyectos. No obstante, hasta la fecha de esta publicación, ni Astacio ni su equipo han respondido públicamente a la denuncia de Castillo, lo que intensifica las sospechas de opacidad.
Implicaciones Políticas y Ciudadanas: Un Llamado a la Acción
La denuncia de Rafael Castillo no es un hecho aislado; se inscribe en un contexto de tensiones políticas entre la oposición –representada por la Fuerza del Pueblo– y la administración del PRM en el poder. Castillo, oc oeño de nacimiento y diputado con una trayectoria enfocada en temas de gobernanza local, ha utilizado sus plataformas para fiscalizar el uso de fondos públicos, recordando que «el respeto a la ley es la primera muestra de transparencia». En un municipio como Santo Domingo Este, donde problemas como la acumulación de basura y el deterioro de infraestructuras son crónicos, esta violación podría erosionar la confianza ciudadana y complicar la ejecución de políticas para 2026.
Expertos en derecho administrativo consultados coinciden en que el Concejo de Regidores debe actuar de inmediato: exigir la remisión del proyecto y, de ser necesario, iniciar procedimientos de fiscalización. Organizaciones civiles, como la Fundación Ciudadana, han expresado su apoyo a la denuncia, urgiendo a los munícipes a exigir rendición de cuentas a través de veedurías participativas.
En última instancia, el caso de Santo Domingo Este ilustra un desafío estructural en la democracia local dominicana: el equilibrio entre ambición ejecutiva y apego a la ley. Si Astacio busca consolidar su «modelo de gestión», como ha prometido, el primer paso es simple: cumplir con el calendario legal. De lo contrario, denuncias como la de Castillo podrían multiplicarse, recordándonos que la verdadera transformación comienza con el respeto irrestricto a las normas que nos rigen.
Por: Equipo Editorial. Este artículo se basa en declaraciones públicas y fuentes oficiales disponibles al 12 de noviembre de 2025.
