La primera entrega de los anunciados textos escritos por el diputado Rafael Castillo, si bien se enmarcan en un esfuerzo de orientarse como «opositor», no aborda la ilegalidad que se intenta colocar sobre la cabeza de todo el empresariado de la ciudad de todos los niveles.
incluimos el texto íntegro de Castillo por su trascendencia, válida pero no oportuna.
La administración del alcalde Dío Astacio en el «Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)» ha encontrado una nueva forma de presionar al sector productivo del municipio: revivir la «Resolución u Ordenanza No. 05-11» de 2011, que busca imponer una «licencia de operación anual obligatoria» a todos los comercios, equivalente a una «factura única anual» disfrazada de arbitrio municipal. Este cobro —que según denuncias y reportes oscila entre «RD$3,000 y RD$20,000» dependiendo del tamaño y giro del negocio— representa un «chantaje recaudatorio directo» contra el empresariado local, especialmente las MIPYMES, colmados, talleres, pequeños comercios y emprendedores que ya luchan con la inflación, la baja demanda y la inestabilidad económica post-pandemia.
Este intento no es nuevo: la resolución fue aprobada en 2011, pero «ninguna administración anterior» (Juan de los Santos, Alfredo Martínez ni Manuel Jiménez) se atrevió a ejecutarla por su evidente «ilegalidad» y el riesgo de dañar el aparato económico del municipio. Ahora, en 2026, con un presupuesto inflado y un déficit crónico, la alcaldía la resucita como muleta financiera para tapar huecos de ejecución deficiente y proyecciones irreales de ingresos. Empresarios y asociaciones ya han rechazado públicamente la medida, calificándola de «»palo acechao»» contra el comercio y una agresión a la libertad económica, en violación de principios constitucionales, la Ley 176-07 (Distrito Nacional y Municipios), la Ley 5-13 de Competitividad y fallos del Tribunal Constitucional que limitan los arbitrios municipales a servicios reales prestados, no a impuestos encubiertos.
Mientras el empresariado enfrenta esta amenaza inmediata —que podría cerrar cientos de negocios pequeños y frenar la generación de empleo en una demarcación que más lo necesita—, el crítico más visible de la gestión Astacio, el diputado «Rafael Castillo», opta por un enfoque diluido y fragmentado. En su artículo reciente (publicado alrededor del 2 de marzo de 2026), Castillo expone con detalle y datos creíbles varios desaciertos de la alcaldía: la declaración apresurada de emergencia en abril 2024 para movilizar RD$280 millones sin rigor técnico, el aumento presupuestario del 59.75% para 2025 (de ≈RD$2,241 millones a RD$3,580 millones) basado en arbitrios inalcanzables, el fracaso del cobro ilegal a motocicletas (RD$1,050–1,200 por placa y chaleco, violatorio de la Ley 63-17 de Tránsito y el Art. 199 constitucional), el déficit superior a RD$300–381 millones al cierre de 2025 y la caída de ≈45% en ejecución de inversión. Estos puntos acumulan consistencia con denuncias previas, reportes financieros parciales y reacciones públicas (protestas motoconchistas, posposición forzada del cobro de motos).
Sin embargo, «Castillo comete un error estratégico grave»: relega la Resolución 05-11 —el problema que «más afecta ahora mismo» al empresariado— a un «próximo artículo». Dedica espacio a ilegalidades pasadas y al marketing excesivo del alcalde, pero no pone el foco prioritario en este «chantaje actual» que amenaza la supervivencia de centenares de pequeños negocios. Su táctica de escribir un tema por semana diluye la urgencia y pierde momentum: el daño al sector productivo es «presente y directo», no un capítulo futuro. Al no atacar de frente esta medida como el eje central de la crítica, Castillo permite que la alcaldía avance con menos resistencia mediática y social inmediata, mientras el empresariado sufre las consecuencias de una recaudación desesperada que ignora la realidad económica del municipio.
En síntesis, la gestión Astacio acumula improvisación, ilegalidades y priorización del gasto propagandístico sobre obras reales, pero el intento de imponer la factura única anual vía Resolución 05-11 es el error más grave y urgente del momento. Castillo documenta bien el desorden general, pero falla en jerarquizar: el «empresariado» necesita una denuncia frontal y unificada «ahora», no en entregas semanales. De lo contrario, la crítica se convierte en ruido disperso mientras el «palo acechao» sigue en pie. Santo Domingo Este merece una oposición más estratégica y menos fragmentada.
Texto íntegro del artículo de Rafael Castillo:
Del cobro de motocicletas a la resolución 05-11 dos intentos desesperados e ilegales para recaudar en el ASDE.
Por RAFAEL CASTILLO.
Al asumir la administración del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), en abril de 2024, el alcalde, apenas cuatro días después, “declaró el municipio en estado de emergencia”; una acción que más que responder a una necesidad administrativa parecía dictada por el oportunismo mediático: consolidar su figura mientras se movilizaban RD$280 millones con escaso rigor técnico.
La iniciativa de la alcaldía, marcada por la improvisación y un conocimiento limitado de los procedimientos de la administración pública, fue rápidamente avalada por el Concejo de Regidores, aparentemente seducido por la exposición mediática y la presencia pública del nuevo titular del cabildo.
La velocidad con que se aprobó la solicitud, sin estudios técnicos ni levantamientos formales que justificaran su urgencia, generó, desde el inicio, dudas sobre la planificación, la fundamentación técnica y la prudencia que deberían haber acompañado una decisión de semejante magnitud.
Transcurrido su primer año de gestión, marcado por abundante marketing publicitario y pocas ejecutorias concretas, la administración sometió al Concejo de Regidores el presupuesto municipal para el 2025 con un aumento de 59.75 % superior al presupuesto de 2024. Es decir, de RD$2,241,035,790.86 a un insólito RD$3,579,901,790.17. Fue un salto sin precedentes en la historia municipal del país que, desde el principio, resultó inalcanzable, en gran parte porque las metas financieras estaban sustentadas en arbitrios de cuestionables legalidad y de incapacidad operativa para sus ejecuciones.
Un incremento de esa magnitud exigía, previamente, una planificación rigurosa y la puesta en marcha de los mecanismos legales que permitieran fortalecer y eficientizar la recaudación de arbitrios, además de disciplina, racionalidad y calidad en el gasto.
Ninguno de estos importantes pilares han sido visible en el edificio color naranja de la carretera Mella. Por el contrario, la administración del ASDE ha destinado sumas millonarias a promocionar la figura del alcalde y a impulsar una supuesta marca ciudad que, más que dotar de identidad a Santo Domingo Este, parece un capricho personal.
En materia de recaudaciones por arbitrios de construcción, por ejemplo, al tercer trimestre de 2025 no se había recaudado ni siquiera el 60 % de lo presupuestado para los primeros nueve meses.
Con las recaudaciones en niveles mínimos durante el primer trimestre, la alcaldía concibió entonces la idea de “emitir una licencia de circulación e identificación para las motocicletas del municipio”, estableciendo un cobro que, a todas luces, resultaba ilegal. Inicialmente se fijó en RD$1,200. Posteriormente fue modificado, ya no como licencia de circulación, sino como placa municipal y chaleco, con un costo de RD$1,050. Con este mecanismo, igualmente carente de base legal, la administración pretendía recaudar entre RD$500 y RD$700 millones de pesos. ¡Fracaso total!
Es propicio reiterar que a los ayuntamientos no tienen facultades para crear impuestos por circulación ni por emisión de placas para vehículos de transporte. Las asociaciones y federaciones de mototaxis y motociclistas reaccionaron y se manifestaron, forzando a la administración a paralizar la medida y anunciar su posposición. Es posible que sus asesores legales, finalmente, comprendieron las implicaciones de una ordenanza que violentaba el artículo 199 de la Constitución, la Ley 63-17 sobre Tránsito y Transporte Terrestre y los principios fundamentales que rigen los actos de la administración pública, contenidos en la Ley 107-13.
Este episodio derivó en que, en septiembre de 2025, la mayoría del Concejo de Regidores, a solicitud de la alcaldía, aprobara una nueva transferencia proveniente de la cuenta de inversión por RD$315 millones, destinada a garantizar la operatividad del ASDE. La consecuencia fue directa: ¡Menos obras, menos inversión en educación, menos servicios para los munícipes!
Al cierre de 2025, el presupuesto municipal registró un déficit superior a RD$300 millones; el mayor de la historia del ASDE. A eso se suma que las ejecuciones, en materia de inversión, cayeron alrededor de un 45 % respecto a lo presupuestado. Llamar a esto un simple error de planificación o una deficiencia gerencial sería indulgente; incluso la palabra “desastre” se queda corta para describir el alcance de la ineficiencia.
Para aprobar el presupuesto del segundo año de la gestión, la administración volvió a contar con la benevolencia de una parte considerable de los ediles. Y, pese al fracaso evidente en las recaudaciones de 2025, aumentó nuevamente el presupuesto en RD$420 millones para 2026, con la mirada puesta esta vez en aplicar la resolución u ordenanza No. 05-11, aprobada en 2011, que pretende imponer “una licencia de operación a todos los comercios del municipio”.
Dicha resolución, por su ilegalidad, no fue ejecutada por la administración de Juan de los Santos, ni por las gestiones de Alfredo Martínez ni de Manuel Jiménez.
En un próximo artículo abordaré con detalle esa ordenanza y las razones jurídicas que impiden su aplicación. Adelanto que su implementación sería una agresión directa al aparato económico del municipio, amenazando la supervivencia de centenares de pequeños negocios en una ciudad que, desde hace 22 meses, sufre el impacto de una administración municipal que, por incapacidad gerencial e improvisaciones, debilita y castiga a su gente.
2 de marzo de 2026.
creado por Multimedios LZO, LA Agencia de Prensa en base a comentarios «a lo claro» de Fernando Buitrago
