Abogados someten un recurso de apelación a sentencia que condenó a Fernando Buitrago por presunta difamación e injurias de este contra el Alcalde de la Ciudad SDE
La prestigiosa Banca de Abogados integrada por los juristas de alto prestigio en Santo Domingo Este —Oriolis Mora, Surun Hernández, Jacobo Colón, Otto López y Gonzalo Ramírez— ha presentado formalmente un recurso de apelación exhaustivo de 29 páginas, elaborado con precisión, solidez y contundencia jurídica, contra la extensa sentencia de primera instancia dictada por la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia que condenó al comunicador y periodista Fernando J. Buitrago por supuestos delitos de difamación e injurias en perjuicio del alcalde Dioris (Dío) Astacio.
La sentencia original, emitida en noviembre de 2025, impuso seis meses de prisión (suspendida), una indemnización de RD$2,000,000 y otras restricciones. Sin embargo, expertos y entendidos en derecho destacan que el recurso es bien elaborado, sólido y contundente, exponiendo con claridad las violaciones constitucionales evidentes en la decisión de primera instancia. Hay amplia confianza en que este proceso dará frutos a favor de Fernando Buitrago, fortaleciendo la protección a la libertad de expresión.
Un argumento central y decisivo del recurso radica en que no hubo tal delito, pues denunciar irregularidades, exigir transparencia, capacidad administrativa en la gestión de la cosa pública y honestidad en el manejo de los dineros públicos en modo alguno podrían constituir difamación o injurias. Estas acciones forman parte del ejercicio legítimo del periodismo investigativo y del control ciudadano sobre el poder, no de ataques personales infundados. Además, el recurso invoca la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional en la histórica sentencia TC/0075/16 (y reafirmada en decisiones posteriores como TC/1148/25), que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 6132 (específicamente los relacionados con difamación e injuria contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones). El TC estableció que tales disposiciones penales violan el núcleo esencial de la libertad de expresión y de prensa, al limitar el escrutinio público sobre la gestión de los funcionarios. En consecuencia, no existe delito penal de difamación o injuria cuando el presunto agraviado es un funcionario público y las expresiones se refieren al ejercicio de sus funciones, conforme al precedente del Tribunal Constitucional y estándares internacionales.
Este caso se percibe ampliamente como un «David contra Goliat»: un periodista independiente y su equipo legal enfrentando el poder emanado del alcalde de la ciudad más grande del país, Santo Domingo Este. Se interpreta como un intento neo-trujillista de coartar la libertad de expresión, amedrentar a comunicadores y silenciar denuncias sobre irregularidades o posible corrupción en la alcaldía —precisamente cuando esta ya está bajo investigación formal del PEPCA por graves presuntas irregularidades en contrataciones y administración pública.
Fernando Buitrago ha sido enfático: “Aunque las instituciones que deben velar porque no se coarte o amedrente a periodistas y comunicadores han mirado hacia otro lado en el pasado, ahora, con nuestras administraciones, parecen tener otro parecer y, por lo tanto, una actitud distinta ante el abuso”. Reitera que seguirá cumpliendo su rol como prensa, sin arrodillarse ante presiones ni poderes fácticos: “La verdad y la rendición de cuentas no se negocian”.
Este recurso representa un paso decisivo y poderoso en la defensa de la prensa libre. Mientras avanza la apelación, las investigaciones del PEPCA a la Alcaldía continúan y seguro se incrementarán, revelando posibles hechos que podrían tener graves consecuencias y darían la razón a las denuncias continuadas de Buitrago, razón certera del por qué del sometimiento contra él.
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