En el contexto de la tormenta tropical Melissa, que ha activado alertas rojas en Santo Domingo Este y otras provincias, el nuevo presidente de la Delegación Provincial de Santo Domingo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Jeudy Rubio, ha expresado su disposición a colaborar con el alcalde Dío Astacio. Esta iniciativa resalta el rol valioso del gremio en la protección de la comunidad, especialmente en una zona vulnerable como Santo Domingo Este, donde las lluvias intensas podrían agravar problemas de inundaciones.
Sin embargo, esta oferta de apoyo nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la solidaridad inmediata y el cumplimiento de las normativas que rigen el ejercicio profesional, particularmente en el ámbito del planeamiento urbano.
Desde mayo de 2025, ha circulado una denuncia pública del expresidente del CODIA y secretario de Asuntos Gremiales del PLD, Francisco Mosquea. Él cuestionó la designación de la licenciada Julissa Burgos —contadora y administradora de empresas— como directora de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE).
Esta posición, según el artículo 10 de la Ley 6232 sobre Planeamiento Urbano, debe ser ocupada por un ingeniero, arquitecto o urbanista colegiado con experiencia en el tema. Mosquea solicitó explícitamente la intervención del CODIA, argumentando que se trata de una usurpación de funciones que podría comprometer la gestión de riesgos, como los que ahora enfrentamos con Melissa.
¿Se ha ventilado este tema de manera más amplia en los últimos meses? Una revisión de fuentes recientes indica que, aunque la denuncia inicial generó cobertura en medios como 7Días y Diario Libre en mayo, no hay reportes posteriores sobre avances o resoluciones formales por parte del CODIA.
Tampoco se encuentran menciones en redes sociales o actualizaciones que indiquen un pronunciamiento oficial del gremio tras la juramentación de la nueva directiva en agosto de 2025. Esta aparente quietud contrasta con el dinamismo esperado de una institución creada por la Ley 6160 para fiscalizar el ejercicio ético y defender el interés público.
En un momento como este, donde la tormenta pone a prueba la resiliencia urbana, sería oportuno que el CODIA clarifique su posición y promueva un diálogo constructivo para resolver la anomalía, evitando así percepciones de inconsistencia.
La colaboración en emergencias es esencial y el CODIA ha demostrado históricamente su compromiso en escenarios similares. Aporta expertise en evaluaciones de riesgo y recuperación post-desastre.
No obstante, para mantener su credibilidad como guardián de la profesionalidad, sería beneficioso que la delegación provincial, bajo el liderazgo de Rubio, emita una declaración que aborde la denuncia pendiente. Esto podría incluir una mesa de diálogo con el alcalde Astacio, representantes del PLD y colegiados locales, para evaluar la idoneidad del puesto y proponer soluciones que alineen con la Ley 176-07 de Municipios.
De esta forma, la ayuda técnica no solo respondería a la crisis inmediata, sino que fortalecería la prevención a largo plazo.
En última instancia, el CODIA tiene la oportunidad de liderar con transparencia y proactividad. Recordándonos que la verdadera colaboración surge del respeto mutuo a la ley.
