El Analista
El artículo de Danny Pujols sobre la falta de fiscalización en los gobiernos municipales, centrado en Santo Domingo Este, refleja una problemática que no solo es estructural, sino profundamente arraigada en la dinámica política y social de este municipio, el más poblado de la República Dominicana. Contextualizar esta situación requiere mirar tanto las dinámicas locales como el marco más amplio del sistema municipal dominicano, especialmente a la luz de la percepción de que los regidores son “casi inexistentes” en su rol fiscalizador.
Santo Domingo Este, con su gran extensión y población diversa, es un microcosmos de los desafíos de la gobernanza local en el país. La Ley 176-07, que regula los municipios, establece que los regidores deben ser un contrapeso al poder del alcalde, enfocándose en funciones normativas y de fiscalización. Sin embargo, como señala Pujols, en la práctica, muchos regidores en este municipio han quedado relegados a roles secundarios, actuando más como gestores de favores o aliados del alcalde que como verdaderos fiscalizadores. Esta “inexistencia” funcional no implica que no ocupen sus cargos, sino que su impacto en la supervisión del gasto público, la exigencia de transparencia o la defensa de los intereses comunitarios es mínimo.
En Santo Domingo Este, esta situación se ve agravada por varios factores. Primero, la alta politización de los cargos municipales. Los regidores, a menudo seleccionados por lealtades partidistas más que por capacidad, enfrentan presiones para alinearse con el alcalde o con las cúpulas de partidos como el PRM, que domina localmente. Esto se evidencia en conflictos reportados, como los viáticos de RD$22,000 aprobados en 2021, que desataron críticas por ser una compensación injustificada en medio de tensiones con el entonces alcalde Manuel Jiménez. Estos episodios sugieren que algunos regidores priorizan beneficios personales sobre su responsabilidad fiscalizadora, alimentando la percepción de “invisibilidad” ante los ciudadanos.
Segundo, la desconexión con la ciudadanía es un problema crítico. Una encuesta citada en El Nuevo Diario, realizada en Santo Domingo Este entre el 25 y 28 de junio de 2025, reveló que solo el 12% de los munícipes conoce bien las funciones del Concejo de Regidores, mientras que el 38% las desconoce totalmente o las entiende mal. Esta falta de conocimiento público reduce la presión sobre los regidores para rendir cuentas, permitiéndoles operar sin escrutinio. La percepción ciudadana, además, es negativa: los regidores son vistos como distantes, más enfocados en promesas electorales que en resultados concretos post-elección.
Tercero, el sistema clientelista que permea la política dominicana juega un papel clave. Como apunta Pujols, los alcaldes a menudo neutralizan a los regidores mediante prebendas o cuotas de poder, un fenómeno que en Santo Domingo Este se ve reflejado en la falta de debates robustos en las sesiones del Concejo. En lugar de cuestionar presupuestos o exigir transparencia en obras como las alianzas público-privadas (por ejemplo, con Grupo Ramos para infraestructura de drenaje), los regidores tienden a alinearse con el ejecutivo municipal, dejando a las comunidades sin una voz institucional fuerte.
Sin embargo, no todo es sombrío. Hay indicios de resistencia, como regidores que han intentado asumir su rol fiscalizador, aunque enfrentan obstáculos. Por ejemplo, en otros municipios como Santo Domingo Oeste, regidores han denunciado intentos de alcaldes de limitar su acceso a sesiones o influir en decisiones clave, lo que sugiere que el problema de la “inexistencia” es sistémico, pero también que hay espacio para la acción si se fortalecen las instituciones y la voluntad política.
En conclusión, la “inexistencia” de los regidores en Santo Domingo Este no es literal, sino una metáfora de su irrelevancia funcional en un sistema donde el clientelismo, la falta de preparación y la apatía ciudadana convergen para debilitar la fiscalización. El llamado de Pujols a recuperar la dignidad del Concejo es pertinente, pero requiere no solo de regidores comprometidos, sino de una ciudadanía informada y partidos políticos que prioricen la transparencia sobre el control. Sin estos cambios, Santo Domingo Este seguirá atrapado en una democracia municipal que, como dice el artículo, “pierde el rumbo”.[](https://elnuevodiario.com.do/percepcion-de-los-municipes-sobre-los-regidores-en-los-ayuntamientos/)[](https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/regidores-de-sde-se-aprueban-viaticos-de-rd-22000-en-medio-de-conflicto-con-el-alcalde-manuel-jimenez-KE24207629)
texto integro de Danny Pujols
Por Danny Pujols
SANTO DOMINGO ESTE.-En la estructura del gobierno local establecida por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, hay una separación clara de funciones: el alcalde ejecuta; el concejo fiscaliza. Pero en la práctica, este equilibrio se ha ido diluyendo peligrosamente, al punto de convertir a muchos regidores en simples adornos decorativos del poder local, o peor aún, en cómplices silenciosos de la mala gestión.
La ley establece con claridad que los regidores tienen funciones exclusivamente normativas, reglamentarias y de fiscalización. No les corresponde ejecutar obras, ni manejar presupuestos, ni intervenir en procesos administrativos. Su rol es el de supervisar, evaluar y, cuando sea necesario, denunciar. Esto no es una limitación: es una responsabilidad de enorme peso que, si se ejerciera con valentía, evitaría muchos escándalos de corrupción, abandono y clientelismo político en nuestros municipios.
Sin embargo, la realidad muchas veces dista del marco legal. En muchos ayuntamientos del país, los regidores se han convertido en operadores políticos, gestores de favores, o simples espectadores del alcalde de turno. Ya no hay fiscalización rigurosa, ni cuestionamientos sobre el uso del presupuesto, ni exigencias de rendición de cuentas. Todo lo contrario: muchas veces lo que hay es un silencio cómplice, disfrazado de armonía institucional.
Pero, ¿por qué ocurre esto? En parte, porque el sistema ha sido diseñado y alimentado para favorecer la discrecionalidad del ejecutivo municipal. Muchos alcaldes reparten pequeñas cuotas de poder o prebendas entre algunos regidores, neutralizando así cualquier intento de fiscalización real. Y muchos regidores, lejos de representar a sus comunidades con dignidad, prefieren no incomodar al poder, con la esperanza de seguir recibiendo beneficios personales.
Este debilitamiento del Concejo de Regidores tiene un costo enorme: las comunidades pierden su voz institucional, los recursos públicos dejan de estar bajo vigilancia ciudadana, y la democracia municipal se vacía de contenido. El ciudadano común, que cree haber elegido un representante que lo defienda en el cabildo, descubre tarde que ese regidor ha optado por callar, negociar o simplemente ausentarse del debate.
Y no se trata de negar que los regidores, por su contacto directo con la gente, sean conscientes de las necesidades de sus barrios. Muchos presionan para que se construyan calles, se iluminen parques o se recojan los desechos sólidos. Pero esa presión debe canalizarse como una exigencia institucional, no como una búsqueda de protagonismo personal o rédito político.
La clave está en entender que la fiscalización es también una forma de servir a la comunidad. Preguntar en qué se gastó el presupuesto no es obstrucción, es deber.
Exigir transparencia no es enemistarse con el alcalde, es cumplir con la ley. Cuestionar una obra innecesaria o sobrevalorada no es traición, es responsabilidad.
Es urgente que el Concejo de Regidores recupere su dignidad institucional. Que vuelvan las sesiones en las que se debate con fuerza, que se escuchen las voces de oposición y se ejerza un verdadero control al poder ejecutivo local. Solo así se podrá reconstruir la confianza ciudadana y devolverle sentido a la política municipal.
Porque cuando los regidores pierden su voz, los alcaldes pierden el freno. Y cuando ambos se desconectan de su rol, el municipio entero pierde el rumbo.
El deber de un hombre, es estar donde es más útil.
