creado por Multimdios LZO según datos ofrecidos por Fernando Buitrago
En Santo Domingo Este, el municipio más poblado de la República Dominicana, el alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco, conocido como Dío Astacio, ha encendido las alarmas con su propuesta de establecer un «Poder Civil» en cada barrio, una estructura paralela que, según filtraciones, busca desplazar o complementar a las Juntas de Vecinos, reguladas por la legislación nacional. Este plan, surgido aparentemente de su iniciativa personal y sin respaldo legal, no solo viola la Ley 176-07, sino que atenta contra el principio de laicidad consagrado en el artículo 45 de la Constitución dominicana al reservar casi la mitad de la directiva a líderes religiosos cristianos, en un claro esfuerzo por imponer la religión sobre la ley.
Además, Astacio, amparándose en una interpretación distorsionada de la «autonomía municipal», ha fortalecido una Policía Municipal que, según denuncias, opera como un cuerpo paramilitar, movilizándose como un ejército personal, incluso en operativos nocturnos, para protegerlo. Pero la crítica más grave apunta a su intención de crear una especie de cuasi-partido político, un poder comunitario centralizado que controle los barrios sin pasar por elecciones democráticas, como ocurre con las Juntas de Vecinos, erosionando así el sistema participativo que define la gobernanza local.
Este artículo, basado en filtraciones comunitarias, publicaciones en X y el marco legal vigente, desglosa un plan que amenaza el pluralismo y la democracia en Santo Domingo Este, en un contexto donde su ascenso al poder en 2024, tras unas primarias del PRM marcadas por acusaciones de irregularidades, sigue generando controversia.
Las Juntas de Vecinos: La Democracia Comunitaria Bajo Amenaza
Las Juntas de Vecinos son el pilar de la participación ciudadana en la República Dominicana, reguladas por la Ley 3457-51, la Ley 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios. Estas organizaciones, formadas mediante asambleas abiertas donde los vecinos eligen democráticamente a sus directivas, tienen como misión promover el desarrollo local, defender derechos comunitarios y fiscalizar al ayuntamiento, actuando como un contrapeso al poder del alcalde. En Santo Domingo Este, con más de 700 Juntas registradas, su autonomía –sustentada en elecciones transparentes y rendición de cuentas– las convierte en un obstáculo para cualquier intento de control autoritario.
Dío Astacio, pastor evangélico, abogado y exdiputado, asumió la alcaldía en abril de 2024 tras vencer en las elecciones municipales. Su candidatura, sin embargo, estuvo precedida por las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de octubre de 2023, donde se impuso frente al entonces alcalde Manuel Jiménez en un proceso señalado por denuncias de «malas prácticas» que, según críticos, distorsionaron los resultados.
Desde su llegada, Astacio ha enfrentado críticas por su gestión en seguridad y servicios básicos, pero su propuesta de «Poder Civil» ha intensificado las tensiones.
Según líderes vecinales, el alcalde ve a las Juntas como un límite a su autoridad, ya que sus directivas, electas por voto popular, no pueden ser designadas directamente por el ayuntamiento. En respuesta, parece haber diseñado un sistema paralelo que no solo privilegia su cosmovisión religiosa, sino que busca establecer un cuasi-partido político, controlando las dinámicas comunitarias sin elecciones democráticas, en un modelo que centraliza el poder en sus manos.
El «Poder Civil»: Un Cuasi-Partido Religioso que Viola la Laicidad
La estructura del «Poder Civil», filtrada a través de chats de WhatsApp y foros en X, propone una directiva fija de 12 miembros por barrio, diseñada con un fuerte sesgo confesional que contradice el artículo 45 de la Constitución, que establece al Estado dominicano como laico y neutral en asuntos religiosos. A diferencia de las Juntas de Vecinos, donde los líderes son elegidos por los ciudadanos, esta estructura no contempla elecciones, sino designaciones que, según fuentes, serían controladas por el ayuntamiento o sus aliados, creando un sistema de lealtades que recuerda a un cuasi-partido político bajo la órbita de Astacio. La composición, sin aprobación del Concejo de Regidores ni sustento en ordenanzas municipales, incluye:
| Componente | Descripción | Preocupaciones Potenciales |
|---|---|---|
| Un miembro de cada denominación cristiana (mínimo 5) | Representantes de iglesias evangélicas, católicas y otras confesiones, ocupando casi la mitad de la directiva. | Viola la laicidad (art. 45). Excluye a ateos, agnósticos y minorías religiosas, imponiendo un modelo confesional que favorece iglesias afines al pastor-alcalde. |
| Un miembro de la Defensa Civil | Para emergencias y desastres. | Duplica roles de las Juntas, centralizando respuestas sin fiscalización ciudadana. |
| Un miembro de los Bomberos | Enfocado en prevención de incendios. | Politiza servicios esenciales al integrarlos en un ente no electo. |
| Un miembro de Seguridad Ciudadana | Vinculado a patrullajes. | Podría ser un agente de la Policía Municipal, leal al alcalde, debilitando la autonomía comunitaria. |
| Miembros de Metrología o Gestión de Riesgo | Dos puestos para monitoreo climático y riesgos. | Sin claridad en su selección, podría imponer agendas municipales sin consulta vecinal. |
| Un miembro de Sindicato de Motoconchos | Representante de motociclistas informales. | Limita la representación laboral a gremios afines al ayuntamiento. |
| Un miembro de Sindicato de Guaguas de Concho | De minibuses informales. | Similar; ignora la diversidad económica de los barrios. |
| El Alcalde Pedáneo | Designado por el ayuntamiento, con salario estatal. | Consolida el control de Astacio como su delegado directo. |
El énfasis en cinco líderes religiosos –potencialmente evangélicos, católicos u otros– es un desafío directo a la laicidad. En un país donde el 88% es cristiano, pero el 10% no profesa religión alguna (Latinobarómetro 2020), reservar casi la mitad de la directiva a cristianos margina a minorías y contradice el pluralismo dominicano. Astacio, parece intentar que «la religión mande», imponiendo su visión evangélica sobre una sociedad diversa.
Más grave aún, al evitar elecciones democráticas, este «Poder Civil» funciona como un cuasi-partido, un entramado de lealtades que centraliza el control comunitario en el alcalde, desplazando el sistema participativo de las Juntas.
La Policía Municipal: ¿Un «Ejército» Paramilitar al Servicio del Alcalde?
Astacio ha defendido su autoridad citando la «autonomía municipal» de la Ley 176-07, que otorga cierta independencia administrativa a los ayuntamientos. Sin embargo, esta interpretación ha sido llevada al extremo con la Policía Municipal, que, según denuncias en X y testimonios vecinales, opera como un cuerpo paramilitar al servicio personal del alcalde.
Posts como el de @SDEAlerta afirman: «La Policía Municipal de Dío actúa como su guardia pretoriana, patrullando de noche cuando él se mueve, como si fuera un ejército privado». Estas movilizaciones nocturnas, descritas como «escoltas excesivas», contrastan con la función legal de la Policía Municipal –prevenir delitos y apoyar la seguridad ciudadana–, sugiriendo un uso desproporcionado para proteger al alcalde.
La Ley 176-07 limita las funciones de las policías municipales, subordinándolas a la Policía Nacional en operativos de alto calibre. Sin embargo, fuentes comunitarias reportan que Astacio ha ampliado su presupuesto y alcance, dotándolas de vehículos y armamento que superan las necesidades de un cuerpo local. «Es como si tuviera su propio ejército», denunció un regidor del PLD, exigiendo una auditoría del Ministerio de Interior.
Esta militarización, combinada con el «Poder Civil», refuerza la percepción de un alcalde que desafía al Estado de derecho, utilizando la autonomía municipal como excusa para consolidar un poder personalista.
Un Cuasi-Partido para Controlar lo Comunitario
La intención detrás del «Poder Civil» trasciende la reorganización barrial: Astacio parece aspirar a crear un cuasi-partido político, un sistema de control comunitario que, al evitar elecciones democráticas, le permite designar líderes leales –especialmente religiosos– para alinear los barrios con su agenda. A diferencia de las Juntas, que requieren asambleas abiertas y renovaciones periódicas, este modelo asegura un control directo, con el alcalde pedáneo como enlace municipal y los líderes religiosos como base ideológica. En X, usuarios como @VecinosUnidos advierten: «Dío quiere un partido paralelo, con pastores y policías, para manejar SDE como feudo». Esta estructura, que recuerda a movimientos clientelistas históricos, podría servir como plataforma para futuras aspiraciones políticas, con rumores de intenciones presidenciales en 2028 circulando desde inicios de 2025.
Contexto Político: Un Ascenso Bajo Escrutinio
Astacio asumió tras unas primarias del PRM en 2023 marcadas por acusaciones de irregularidades, donde venció a Manuel Jiménez en un proceso que este último calificó de «distorsionado por malas prácticas». Aunque no hubo impugnación formal, las denuncias dejaron dudas sobre la legitimidad de su candidatura. Ahora, su gestión enfrenta críticas por opacidad, y el «Poder Civil» agrava la percepción de un liderazgo que prioriza el control sobre la participación. La Federación de Juntas de Vecinos ha exigido que Astacio someta su propuesta al Concejo y cese las operaciones «paramilitares». «Esto no es gobernanza; es un intento de imponer una teocracia clientelista», afirmó un portavoz.
Un Desafío a la Sociedad Dominicana
El «Poder Civil» y la militarización de la Policía Municipal representan un triple ataque: a la laicidad, al imponer la religión sobre la ley; a la democracia, al desplazar las elecciones vecinales por designaciones; y a la autonomía comunitaria, al crear un cuasi-partido que centraliza el poder. En un municipio diverso, donde conviven trabajadores informales, profesionales y comunidades de distintas creencias, este modelo amenaza con fracturar el tejido social. La sociedad dominicana, que ha defendido su laicidad y pluralismo, no puede permitir un retroceso.
Astacio debe rendir cuentas. Si busca fortalecer la participación, debe hacerlo respetando las Juntas, la Constitución y la democracia. El Concejo de Regidores, el Ministerio de Interior y los ciudadanos tienen el poder de frenar este experimento. Santo Domingo Este merece un liderazgo que una, no que divida bajo el manto de la fe, la fuerza o el clientelismo. El debate está abierto, y la democracia dominicana está en juego.
