El empresariado debe oponerse a los planes falsos e ilegales contra ellos de parte de la Alcaldía y defender así mismo, los abusos que se pretenden cometer contra el pueblo al tratar, por ineptitud en recaudaciones de la institución, de imponer un cobro único al año, que va en contra e la ley
El video presenta una denuncia vehemente contra la gestión actual de la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), centrada en la supuesta implementación de una «»factura única anual»» que consolida todos los pagos municipales (impuestos, tasas, servicios) en un solo recibo anual obligatorio o fuertemente incentivado. Se describe como un mecanismo desesperado para resolver problemas graves de recaudación y déficit financiero, pero que en realidad constituye una práctica ilegal y coercitiva.
Se argumenta que obliga a ciudadanos y empresarios a pagar sumas elevadas de una vez (por ejemplo, miles de pesos anuales en lugar de cuotas mensuales manejables), bajo amenaza implícita de perder derechos operacionales, servicios o beneficios. Los «incentivos» o «beneficios» ofrecidos a quienes pagan esta factura única se desmontan como elementos fuera de las competencias legales de una alcaldía:
- «Aporte en caso de incendio» → Se califica como un «seguro» ilegal, ya que el ayuntamiento no puede operar como entidad aseguradora ni ofrecer coberturas contractuales sin base legal.
- «Servicio funerario gratuito o con descuentos» → Se ve como chantaje, porque los servicios funerarios municipales y acceso a cementerios son derechos ciudadanos básicos, no premios condicionados a pagos extras.
- «Poda anual gratuita» → Algo que la alcaldía debe realizar de oficio como obligación pública, no como favor por pago adelantado.
- «Becas o clases de inglés para niños» → Inmisión indebida en funciones educativas y uso irregular de fondos públicos para «premiar» pagos.
- Otros como drenaje pluvial, recolección especial de residuos, plan cero hoyos, patrullaje a pie, semáforos, actividades en parques o reciclaje → Se presentan como promesas vacías o marketing engañoso, ya que son responsabilidades legales permanentes de la alcaldía (no extras ni opcionales), y muchas ya se prometieron o se incumplieron en gestiones previas.
El tono es de indignación total: se acusa a la gestión de manipulación, opacidad, falta de respeto a la ley y la Constitución, cobros ilegales previos (como zafacones a negocios, multas arbitrarias), y de usar «branding» como «Costa del Faro» para tapar ineficiencias con propaganda. Se menciona un déficit heredado y problemas de recaudación que llevan a estas «inventivas» para forzar ingresos. Se critica que la prensa esté callada y que solo ahora, con remisiones a instancias superiores, empiece a salir a la luz.
Se celebra que la alcaldía esté bajo escrutinio de la «PEPCA» (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), tras remisiones recientes de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por irregularidades graves en procedimientos de compras (nulidad de una adquisición de lámparas LED por falta de transparencia, no uso del sistema electrónico y violaciones a principios de publicidad). Aunque esta investigación específica es sobre contrataciones públicas (no directamente la factura única), se interpreta como el inicio de un escándalo mayor que podría abarcar más aspectos de opacidad y abuso.
En medios locales como Gala Oriental se hace eco de críticas similares: se habla de «ilegalidades» en la amenaza de factura única, inventos como seguros o becas fuera de ley, cobros ilegales de basura, y un sobregiro sospechoso de cientos de millones. Esto refuerza la idea de una gestión en «desespero» por ineptitud, recurriendo a prácticas cuestionables para maquillar resultados.
En resumen, el video denuncia un esquema que, más que simplificar pagos, parece diseñado para presionar y recaudar de forma coercitiva, violando límites legales y competencias municipales, en medio de un contexto de investigaciones anticorrupción que apenas comienzan. Es una alerta ciudadana fuerte sobre posibles abusos de poder y necesidad de mayor fiscalización.
Estos comentarios son de Fernando J. Buitrago.
