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Trump pide fondos para el muro con México a cambio de un acuerdo sobre los ‘dreamers’

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El presidente también ha pedido endurecer las medidas contra el ingreso al país de menores no acompañados y 10.000 policías más de inmigración

El futuro de los dreamers vuelve a estar en el aire. Tras anunciar el mes pasado su disposición a un acuerdo con los demócratas para salvarles de la deportación, ahora el presidente Donald Trump ha decidido forzar el paso y ha exigido a cambio que se acepten sus demandas para financiar el muro con México, facilitar las expulsiones de menores de Centroamérica, endurecer los permisos de residencia y retirar de fondos a las ciudades santuario. Un paquete de máximos que ya ha sido rechazado por la oposición y que hacer prever una larga y correosa negociación.

Negociar con Donald Trump es un riesgo. El antiguo tiburón inmobiliario suele llevar la partida al límite. Da igual que sea el pacto nuclear con Irán, la escalada con Corea del Norte o el NAFTA. El objetivo final siempre es el mismo: obtener alguna ventaja respecto a la situación inicial. Para ello aprieta el acelerador hasta el fondo y espera que sea el otro quien acabe apartándose.

Los dreamers, esos 800.000 inmigrantes que llegaron siendo menores a Estados Unidos, no son una excepción. A principios de septiembre, tras meses de dudas, Trump decidió liquidar el programa (DACA, Acción Diferida para Llegadas Infantiles) que les permitía permanecer legalmente. Pero, consciente del impacto que la deportación de estos jóvenes tendría en sus propias filas concedió una prórroga de seis meses para buscar una salida en el Congreso.

Con el reloj en cuenta atrás, en las últimas semanas se han multiplicado los esfuerzos para cerrar un acuerdo. El primer paso fue un esbozo de pacto con los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. El movimiento, sellado en una cena en la Casa Blanca, parecía presagiar una solución rápida. Pero la presentación este domingo por la noche de los lineamientos generales de política migratoria que Trump quiere imponer han vuelto a oscurecer el horizonte.

El paquete anunciado no sólo incluye la financiación del muro con México, una de las promesas electorales más xenófobas del republicano, sino que endurece el control de fronteras, la concesión de asilo, las deportaciones y la persecución policial de los sin papeles. “Todos estos cambios han de incluirse como parte de cualquier legislación que trate el estatus de los dreamers. Sin ellas, la inmigración ilegal y en cadena, que carga severamente a los trabajadores americanos y contribuyentes, continuará sin fin”, advierte el presidente en una carta al Congreso.

La reforma, en caso de aprobarse, supondría la mayor giro migratorio desde 1986 y contribuiría al sueño aislacionista de Trump. Junto a la financiación del muro, un proyecto cuyo coste se calcula en 25.000 millones de dólares, el paquete lanzado por la Casa Blanca incluye la devolución exprés de los menores no acompañados. Esta medida, que ya afecta a aquellos procedentes de México y Canadá, no se aplica aún a los de Centroamérica, esos decenas de miles de niños y adolescentes de Honduras, Guatemala o El Salvador que, huyendo de la miseria y el azote de las maras, han buscado en los últimos años un futuro mejor en Estados Unidos. Otro puntal de esta reforma procede de la denegación de los permisos de residencia a quienes no sean hijos o cónyuges de inmigrantes integrados. Frente al reagrupamiento familiar, la Administración Trump pretende favorecer un sistema de puntos basado en los méritos que “proteja a los trabajadores y contribuyentes americanos”.

Tampoco es menor el ataque a las denominadas ciudades santuario. Para acabar con la resistencia de las grandes urbes del país, en especial Los Ángeles y Nueva York, a cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración, la Casa Blanca quiere romperles el espinazo mediante la coerción económica. Para ello pretende retirarles fondos si incumplen sus designios, entre ellos facilitar toda la información sobre indocumentados.

El proyecto, que aumenta los filtros para los peticionaros de asilo, se redondea con un espectacular refuerzo de lo medios para luchar contra la inmigración: contratación de 10.000 agentes más del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), así como 1.000 abogados, 370 jueces y 300 fiscales especializados.

"La administración no puede ser seria sobre un compromiso o ayuda a los dreamers si empieza con una lista que es un anatema para ellos, para la comunidad de inmigración y para la mayoría de los estadounidenses", han valorado la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, y su homólogo en el Senado, Chuck Schumer. "La lista incluye el muro, que fue descartado explícitamente de las negociaciones. Si el presidente iba en serio con la protección de los dreamers, sus funcionarios no hicieron un esfuerzo de buena fe", han recalcado.

Pelosi y Schumer aseguraron a mediados de septiembre haber alcanzado un acuerdo con Trump para extender las protecciones a los dreamers y concluir un paquete de seguridad fronteriza que no incluye el muro en la frontera con México propuesto por el mandatario. "Hemos acordado convertir en ley las protecciones del DACA y trabajar en un paquete de seguridad fronteriza, excluyendo el muro, que es aceptable para ambas partes", dijeron en su comunicado.

La Casa Blanca fue más moderada en su comunicado, en el que menciona el DACA como uno de muchos asuntos que han sido tratados, incluidos una reforma impositiva y la infraestructura. En este sentido, la secretaria de prensa de la Presidencia, Sarah Huckabee Sanders, manifestó que "si bien el DACA y la seguridad fronteriza han sido discutidos, excluir el muro no es algo que se haya acordado". En respuesta, el portavoz de Schumer, Matt House, respondió a Huckabee Sanders a través de Twitter: "El presidente ha dejado claro que seguirá impulsando el muro, solo que no como parte de este acuerdo".

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